10/Jul/2020
- Un conjunto de cambios al proyecto de ley que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten (Ley Uber), presentó la CNP ante la Comisión de Hacienda del Senado. Dichas propuestas, se enmarcan en los hallazgos y recomendaciones que contiene el estudio realizado por la entidad “Tecnologías Disruptivas, regulación plataformas digitales”.
Una presentación que contempló el detalle de cada una de las apreciaciones y propuestas de la CNP, respecto al proyecto de ley que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten (Ley Uber), realizó el secretario ejecutivo de la entidad Rodrigo Krell, en la comisión de hacienda del senado.
Durante la sesión, destacó que el proyecto de ley contiene una serie de aspectos positivos, como la inclusión de estos servicios en el marco legal del país, eliminando el estatus de informalidad e incertidumbre, lo que daña a consumidores y conductores. Agregó que, esto último, además de tratar a estos servicios como parte de los sistemas de transporte urbanos, posibilita la aplicación de las leyes tributarias, de protección al consumidor y de resguardo de los datos personales a las plataformas de transporte.
Puntualizó también que la igualación de varias condiciones entre los servicios de transporte prestados, a través de plataformas digitales, con las de la modalidad tradicional (taxis), generará una competencia más justa.
Por otra parte, destacó que al existir el establecimiento de una obligación de contratación de seguros por parte de las compañías, se genera una protección hacia pasajeros, conductores y terceros, que podrían verse involucrados en accidentes de tránsito.
Modificaciones sugeridas
Rodrigo Krell explicó que la CNP propone permitir la modalidad de viajes compartidos, dado su potencial de disminuir la congestión e incrementar la eficiencia en el transporte de pasajeros, modalidad que hasta ahora el proyecto de ley prohíbe.
Como segunda propuesta, planteó que la existencia de tarifa mínima, como establece el proyecto, y cuya finalidad es asegurar un margen de ganancias razonable para los conductores, podría ser contraproducente y aumentar la congestión vehicular.