26/Mar/2024
Análisis encargado por el Gobierno de Chile a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), para que determinara los plazos reales de tramitación de diversos tipos de proyectos de inversión del sector minero (línea base), identificando los permisos críticos involucrados en el proceso, (aquellos con el potencial de detener la ruta crítica de un proyecto), fue entregado hoy al ministro de Hacienda, Mario Marcel.
El secretario ejecutivo de la CNEP, Rodrigo Krell, destacó que trabajo se basó en evidencia cuantitativa para determinar los plazos reales de tramitación de cada tipo de proyecto.
El estudio permitirá un punto de comparación para medir y monitorear el cumplimiento de la meta de reducir en un tercio los tiempos que requieren los proyectos de inversión en el sector minero para ser aprobados, (medida que se acordó en el marco de la aprobación de ley del Royalty), seguimiento que realizará la CNEP.
A modo de ejemplo, se estima que el cumplimiento de la meta significaría que un proyecto de minería metálica básico nuevo que actualmente tarda 7 años en aprobarse, demoraría 5 años en todo el proceso.
La CNEP advierte que características específicas de los proyectos de inversión en minería ( capacidad de extracción del mineral, necesidad de acceso a agua y/o la realización de obras hidráulicas mayores), al combinarse y coexistir con una carga regulatoria que se caracteriza por ser compleja y dinámica (rechazos, judicializaciones, normas supuestas, contradicciones, diferentes interpretaciones de la autoridad, etc.), determinan que los plazos de tramitación en proyectos de inversión del sector minero, sean excesivamente extensos.
Martes, 26 de marzo 2024. Uno de los temas clave que se abordaron y establecieron durante la discusión y reciente aprobación de la “Ley del royalty”, fue el compromiso asumido entre el Gobierno del Presidente Boric y parlamentarios para reducir en un tercio los tiempos que requieren proyectos de inversión minera para ser aprobados.
En el marco de la mesa técnica que se conformó para identificar medidas orientadas a cumplir la meta antes mencionada, la CNEP fue encomendada a realizar dos trabajos i) construir una línea base que contemple la ruta crítica de permisos para proyectos de inversión minera y ii) monitorear y reportar los avances respecto de su cumplimiento.
La línea base se definió a partir de la identificación del plazo total de tramitación de los permisos necesarios para un proyecto de inversión minera.
Durante la entrega formal del documento al gobierno de Chile, Rodrigo Krell, detalló que el trabajo “da cuenta de 11 categorías representativas de los diversos tipos de proyectos que conforman la industria minera (en su fase de exploración, explotación, obras nuevas, ampliación y/o continuidad), y se focaliza en la explotación de minerales metálicos, respecto de los cuales se estiman inversiones por sobre los 60 mil millones de dólares (2024-34). Además, considerando la relevancia del litio, se analizaron también proyectos de explotación minera no metálica, respecto del cual se proyectan inversiones cercanas a los 2.300 millones de dólares para igual periodo”, precisó.
El análisis contempló también proyectos pequeños (menos de 5.000 toneladas por año) medianos (entre 5 y 100.000 ton/año) y grandes (más de 100.000 ton/año), además de la infraestructura de apoyo al desarrollo de la industria minera (puertos y desaladoras).
Ruta crítica
En la oportunidad, Rodrigo Krell explicó que “para identificar los aspectos cruciales de aquellos permisos que conforman la ruta crítica de un proyecto, se mapeó todo el proceso, desde sus fases más tempranas hasta el inicio de las operaciones. El ejercicio se realizó a partir de los permisos críticos involucrados, es decir, aquellos con el potencial de detener la ruta crítica de un proyecto, respecto de los cuales se analizaron variables como: plazos reales de aprobación, secuencias e interrelaciones entre permisos, y la existencia de riesgos relevantes en el proceso (rechazos, judicializaciones o trámites no previstos)”, precisó.
El análisis de la CNEP identificó 22 permisos como aquellos con mayor incidencia en la ruta crítica.
Incidencia en extensos plazos
También advirtió que “la combinación de dos elementos son responsables de los extensos plazos de tramitación de los proyectos mineros, en particular, los de mayor complejidad. Por un lado, existen ciertas características y necesidades específicas que tienen los proyectos de inversión en minera (capacidad de extracción del mineral, necesidad de acceso a agua y/o la realización de obras hidráulicas mayores), asociadas a permisos complejos que se caracterizan por sus extensos plazos de tramitación. Y por otra parte, y como una condición transversal que no solo afecta a los proyectos mineros, existe una carga regulatoria que se caracteriza por ser compleja (diversidad de permisos, interrelaciones no previstas) y dinámica, dado que el alcance de la normativa tiende a mutar y expandirse en el tiempo, al ir incorporando nuevos elementos, sea por vía jurisprudencial o a través de criterios que los propios servicios públicos van configurando al resolver casos concretos”, afirmó.
Monitoreo del avance de las medidas
En cuanto a la tarea de monitorear y reportar los avances respecto del cumplimiento de la meta relativa a reducir en un tercio los plazos de aprobación para proyectos del sector minero, anunció que se realizará en base a la programación de etapas específicas, que consideran la identificación cada medida, dentro de las rutas críticas y su plazo de implementación hasta el inicio de su operación.
Junto con precisar que la CNEP informará anualmente sobre el estado de avance de las medidas y su impacto sobre los plazos de tramitación, subrayó que “el monitoreo permanente de los avances de las medidas orientadas a reducir los plazos de tramitación es un ejemplo del tipo de revisiones regulatorias sistemáticas, cuya importancia ha sido relevada reiteradamente en varios de los estudios de la CNEP”.
“En 2023 la entidad identificó que los plazos para tramitar cualquier proyecto de inversión en Chile superaban ampliamente las normas establecidas. Hoy, el paso que se da, significa un avance más allá. No solo implica contar con información antes disgregada y que a partir de este momento se encontrará sistematizada a nivel central y de acceso público, sino que además, permite identificar específicamente, información acotada de los tiempos y plazos que requiere la aprobación de 11 proyectos representativos del sector más importante para el desarrollo de la economía local”, concluyó.