Pese a los avances notables en materia económica en Chile desde 1985, nuestra productividad aún está a menos de la mitad de los países que se ubican en la frontera tecnológica, como EE.UU., Europa o Japón. Esta brecha es lo que se busca corregir, a fin de elevar el nivel de vida de la gran mayoría de nuestra población. De ahí que se haya decidido institucionalizar la de manera permanente la búsqueda y formulación de políticas públicas que eleven la productividad en una Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.
Cabe recordar que en febrero de 2015 nace la Comisión Nacional de Productividad (CNP). Su creación se enmarcó en un conjunto de medidas de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, desarrollada por el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
La principal función de la CNP fue realizar estudios con propuestas y recomendaciones que permitieran aumentar la productividad del país, y mejorar la calidad de las políticas públicas. Esto, a través de dos tipos de estudios: uno que se originaba a través de un mandato o solicitud del Gobierno de Chile y otro, que nacía del interés y análisis mismo que se generaba al interior de la CNP.
En este contexto y en el marco del primer estudio realizado por la CNP (Revisión agendas de productividad, 2016), una de las recomendaciones estructurales que se le presentaron al gobierno fue, para concordar una estrategia país de productividad con enfoque de largo plazo, que todo proyecto de ley contemplara una estimación de sus probables impactos sobre la productividad.
Aquella recomendación fue acogida y, en el 2017, se estableció que todos los proyectos de ley ingresados por ministerios económicos contemplarían un informe de productividad elaborado por la cartera.
Durante el segundo mandato del Presidente Piñera (2019), en el marco del estudio “Revisión regulatoria de sectores estratégicos” la CNP fue más allá y propuso cambiar la forma en que se definen, diseñan y evalúan las normas, que permitiera contar con un proceso permanente de revisión de la regulación vigente, lo que implicaba la creación de una entidad enfocada en la calidad de las políticas públicas, con mandato de constante monitoreo y apoyo en el proceso de diseño e implementación de la nueva regulación. Esto, en línea con recomendaciones de la OCDE.
La propuesta de la CNP fue considerada y a través del Decreto N° 1.510 del Ministerio de Hacienda se cambia su institucionalidad (2021). Además de generar recomendaciones para mejorar la productividad y bienestar de las personas, se asesorará al Presidente de la República en materias relacionadas con mejoras en la calidad regulatoria, y en la evaluación de políticas y programas públicos, incluyendo las metodologías utilizadas. Esta modificación consideró además un cambio de nombre, por lo que la CNP pasó a denominarse Comisión Nacional Asesora de Evaluación y Productividad (CNEP).