31/Ago/2023
En el marco de la discusión del proyecto de ley que se discute en el senado para reconocer el acceso a internet como un servicio público, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), fue invitada a presentar los avances del estudio “Productividad en sector Telecomunicaciones”, cuyos resultados finales se darán a conocer próximamente.
Con el objetivo de aportar datos, información y análisis para abordar los frenos a la productividad que enfrenta el sector de telecomunicaciones en Chile, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Rodrigo Krell, presentó en el senado los avances de la investigación “Productividad en sector Telecomunicaciones”.
Durante el encuentro, que se desarrolló en el marco de la discusión del proyecto de ley que se tramita actualmente en el senado, para reconocer el acceso a internet como un servicio público, Rodrigo Krell, se refirió a un conjunto de hallazgos relativos a la brecha de cobertura, deficiencias relacionadas con el despliegue de infraestructura y la institucionalidad del sector.
Específicamente, puntualizó que en Chile existen cerca de 2,2 millones de viviendas no tienen acceso a fibra óptica, y que existe heterogeneidad en la calidad del servicio a lo largo del territorio: en banda ancha fija, la región con mayor velocidad de descarga (RM) registra un nivel que es cuatro veces mayor que la de menor desempeño. De acuerdo a estimaciones de la CNEP, se requiere tender 21.600 km de fibra óptica para cerrar la brecha de conectividad en la ultima milla con dicha tecnología.
En cuanto a las trabas que existen para el despliegue de redes, mencionó la existencia de extensos plazos de tramitación para obtener y modificar concesiones, reiterados incumplimientos de normativas, un régimen de autorizaciones divergente, y baja disponibilidad de ciertas zonas para emplazar instalaciones.
Detalló que si bien la normativa establece un plazo de 6 meses para obtener y modificar concesiones, se observó que en la práctica, el tiempo promedio entre 2012 y 2021 para la entrega de una concesión, fue de 400 días corridos, mientras que para las modificaciones, fue de 263, lo que representa un exceso promedio de 220 y 83 días, respectivamente.
Explicó que esta situación se genera, entre otros aspectos, debido a que el régimen de autorizaciones en materia de servicios de telecomunicaciones es divergente. En efecto, un interesado que desee prestar servicios debe tramitar por separado una autorización para cada tipo de servicio (por ejemplo, llamadas de voz y transmisión de datos), lo que dificulta que estos puedan ajustarse rápidamente al avance de nuevas tecnologías.
Otro de los hallazgos identificados fue que, a pesar de la existencia de reglas especiales que facilitan la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en ciertos terrenos públicos, las torres soporte de antenas y sistemas radiantes tienden a ser emplazadas en terrenos privados. Al respecto, desde 2012, año en que se publicó en el Diario Oficial la Ley de Antenas, un 88 % de los Permisos de Instalación de Torres soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de telecomunicaciones (PITSA) de más de 12 metros de altura fue otorgado para el emplazamiento en terrenos privados y solo un 2 % para terrenos que pertenecen a órganos públicos descentralizados.
Cabe mencionar que las municipalidades están mandatadas por la Ley de Antenas a determinar las zonas donde preferentemente los interesados tendrían derecho de uso para el emplazamiento de torres soporte de más de 12 metros. Sin embargo, en la práctica, transcurridos más de 10 años desde que asumieron dicho rol, muy pocas municipalidades han cumplido lo mandatado. A modo de ejemplo, en la región Metropolitana, solo 8 municipalidades han dictado la ordenanza respectiva.
Para conocer e identificar los problemas asociados a los permisos mencionados, la CNEP recopiló evidencia cualitativa y cuantitativa, que muestra extensos plazos de tramitación en el proceso de otorgamiento. Al respecto, el plazo promedio de tramitación de los PITSA otorgados entre 2012 y 2021 fue de 154 días corridos, valores que superan los plazos de permisos para proyectos de mayor complejidad, otorgados por la Dirección de Obras Municipales, como el de edificación, que tarda en promedio, 127 días (CNEP, 2019), diferencia considerable ya que existe una serie de trámites y autorizaciones sectoriales que se deben obtener de manera previa a la instalación de una torre soporte.
Por último, cabe mencionar que próximamente la CNEP publicará los capítulos relacionados con la brecha digital, abarcando temas como acceso, cobertura, uso y calidad. Además, se incluirá un análisis sobre el espectro. Tras la finalización de este informe, se presentarán al gobierno de Chile una serie de recomendaciones de política pública con el objetivo de mejorar el desempeño del sector y reducir la brecha digital.