Santiago, miércoles 17 de junio. Esta mañana, en el marco de un encuentro realizado en la Facultad de Ingeniería de Universidad Adolfo Ibáñez, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) presentó los resultados de la segunda fase de su estudio sobre carga regulatoria ambiental. La actividad, que contó con la presencia de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, se basó en la investigación de la CNEP que utilizó inteligencia artificial para identificar, clasificar y analizar todas las obligaciones contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)- aprobadas en Chile entre 2015 y 2024.

En el encuentro también participaron, junto a la Ministra Toledo, el consejero de la CNEP y académico de la UAI Andrés Zahler, la abogada Paulina Riquelme, el director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela y el académico de la UAI Rodrigo Wagner.

El análisis de la CNEP advierte que las obligaciones ambientales que deben cumplir los proyectos de inversión en Chile se han triplicado en la última década, no porque existan más leyes, sino porque las normas vigentes se aplican con creciente intensidad.

Al respecto, se detalla que mientras en 2015 los proyectos aprobados enfrentaban, en promedio, 60 obligaciones ambientales por Resolución de Calificación Ambiental (RCA), en 2024 esa cifra alcanzó las 213 obligaciones por proyecto, triplicando el nivel observado diez años antes.

Cabe precisar que en esta segunda fase, el estudio amplió significativamente el alcance de la investigación desarrollada en 2025. Mientras la primera etapa analizó 1.336 RCA correspondientes a proyectos de minería y energía, esta nueva versión incorporó 3.728 RCA que incluyen a todos los sectores económicos evaluados por el SEIA.

Ello permitió alcanzar una cobertura equivalente al 96% de los proyectos aprobados entre 2015 y 2024 y al 99% de la inversión sometida a evaluación ambiental durante ese período. Como resultado, la investigación identificó más de 481.000 obligaciones ambientales,

A partir de este universo, el análisis de la CNEP identificó qué normas dan origen a las distintas obligaciones, qué aspectos del medio ambiente buscan proteger y en qué etapas de los proyectos deben cumplirse.

Un alza transversal que no responde a nuevas regulaciones

Entre 2015 y 2024, el número promedio de obligaciones por proyecto aumentó de forma sostenida en todos los sectores. Los incrementos más pronunciados se registran en minería (337%), industria (278%), energía e infraestructura (220%) y saneamiento (203%). El fenómeno es también transversal por tamaño de inversión: un proyecto pequeño —con inversión inferior a US$10 millones— carga hoy, en promedio, con más obligaciones que las que enfrentaba un gran proyecto de más de US$100 millones en 2015.

El estudio muestra que este aumento no obedece a la aprobación de nuevas normas. De las 178 disposiciones identificadas como fuente de las obligaciones, apenas el 3,1% fue promulgado después de 2015. Lo que sí ha cambiado es la frecuencia con que se aplica el stock normativo existente: mientras una RCA promedio citaba menos de 15 cuerpos normativos en 2015, en 2024 esa cifra se aproxima a 25.

Cuatro de cada diez obligaciones surgen durante la evaluación ambiental

El 59% de las obligaciones tiene como fuente una norma explícita señalada en la RCA, mientras que el 41 % restante nace de compromisos voluntarios o condiciones ad hoc definidas por la autoridad en el marco de la evaluación ambiental. Esta proporción evidencia que el SEIA cumple una doble función: por una parte certifica el cumplimiento de las normas, y por otra incorpora exigencias específicas para cada proyecto según su naturaleza.

El estudio además muestra que una parte importante de las exigencias ambientales no proviene directamente de una ley o reglamento, sino de condiciones y compromisos que se incorporan durante la evaluación de cada proyecto

En cuanto a las normativas con mayor número de obligaciones asociadas, estas corresponden al Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo (DS 594), con un 11,85% y el Código Sanitario, con un 10,17%. La Ley de Monumentos Nacionales, si bien es responsable de un menor número de obligaciones -el 5,67%- afecta a proyectos que representan casi el 90% de la inversión evaluada ambientalmente, lo que da cuenta de la importancia de esta normativa en el desarrollo de inversiones en nuestro país.

Una situación similar se aprecia con las obligaciones surgidas de los permisos ambientales sectoriales (PAS) donde el asociado a hallazgos arqueológicos (art. 132), otorgado por el Consejo de Monumentos Nacionales, si bien se exige solo en el 11,6% de las RCAs, compromete a proyectos que suman el 42,6 % de la inversión total de la muestra, evidenciando su impacto en megaproyectos. Un patrón similar se observa en las modificaciones de cauce (art. 156), aprobadas por la Dirección General de Aguas, presente en el 21,8 % de las RCAs pero abarcando el 42 % de la inversión.

Obligaciones que prescriben el cómo, no solo el qué

Cerca del 80% de las obligaciones son de medios: no solo establecen el objetivo ambiental que debe alcanzarse, sino también los procedimientos, monitoreos y mecanismos específicos para lograrlo. Este enfoque puede limitar la flexibilidad técnica y la innovación al imponer una única forma de cumplimiento. En contraste, las obligaciones de resultado —que definen la meta y dejan al titular libre de elegir cómo alcanzarla— representan una fracción significativamente menor.

A esto se suma el crecimiento de las obligaciones secundarias, es decir, aquellas orientadas al reporte, registro y acreditación del cumplimiento. Estas pasaron de representar el 23% del total en 2015 al 32% en 2024, lo que implica un aumento de aquellas obligaciones asociadas a una mayor carga administrativa sin que ello se traduzca necesariamente en un beneficio ambiental adicional.

Un sistema de información con amplio margen de mejora

Más allá de la carga regulatoria, el análisis detectó déficits importantes en la forma en que el SEIA organiza su información: alta heterogeneidad estructural entre documentos, predominio de archivos PDF y documentos escaneados, y problemas recurrentes de numeración, inconsistencias y redundancias que dificultan la trazabilidad de las obligaciones. Estos factores generan costos de transacción y asimetrías de información entre los actores del sistema.

Para abordarlos, el estudio propone tres líneas de acción: desarrollar una base de datos relacional que integre RCAs, expedientes de evaluación y registros externos; implementar un catálogo de obligaciones estandarizadas —asistido por inteligencia artificial— para normalizar el stock histórico y apoyar la redacción de nuevas resoluciones; y construir una infraestructura tecnológica abierta, con APIs interconectadas y almacenamiento escalable.

Se trata de una propuesta para la gestión de información con una arquitectura que trasciende la evaluación ambiental, cuyo alcance es aplicable a todo tipo de acto administrativo, y que tiene el potencial de generar una disrupción sistémica en la eficiencia al interior del Estado.