Al participar en la Conferencia Anual 2026 del Foro Global de Productividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizada recientemente en Costa Rica bajo el lema “De las brechas al crecimiento”, el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Pablo García, ahondó en las principales trabas que obstaculizan el crecimiento de la productividad en Chile.

Para situar el problema estructural del país, García inició su exposición abordando la realidad de las economías ricas en recursos naturales.

Advirtió que, en sectores como la minería, un aumento de los recursos utilizados no necesariamente se traduce en un incremento proporcional de la producción. Para ilustrarlo, recurrió al caso del cobre: detalló que la ley promedio del mineral cayó de 0,93% en 2005 a 0,62% en 2024 —una menor ley implica procesar una mayor cantidad de roca para obtener la misma cantidad de cobre—, mientras que la intensidad eléctrica aumentó de 3,07 a 5,16 MWh por tonelada en el mismo período.

El peso de los permisos

Respecto a las exigencias para los proyectos de inversión en los últimos diez años, detalló que los compromisos ambientales por proyecto crecieron un 337% en la minería y un 100% en el rubro inmobiliario. Asimismo, aclaró que solo un 3% de las normas citadas es de reciente promulgación, “lo que demuestra que la traba no radica en la creación de nuevas leyes, sino en la creciente complejidad al aplicar la normativa vigente”, precisó.

Al abordar la judicialización e impugnación de proyectos, detalló que entre 2019 y 2023 se aprobaron 1.978 iniciativas por un total de US$ 87.000 millones. De ese universo, solo 110 proyectos fueron impugnados —equivalentes al 5,6% del total—, pero concentraban el 26,4% de la inversión aprobada, equivalente a US$ 23.000 millones. En la materia, advirtió que estos reclamos prolongan el desarrollo de los proyectos al recorrer una compleja red administrativa y judicial, que abarca desde autoridades ministeriales y sectoriales hasta Tribunales Ambientales, Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema.

Tecnología y reasignación de recursos

Otro de los ejes que destacó fue la evolución de la Productividad Total de los Factores (PTF) en Chile.

Al respecto, señaló que el país evidencia un crecimiento decepcionante de la productividad. Al ahondar en este punto, se refirió a los hallazgos del estudio “La anatomía de la productividad agregada” (2025) elaborado por Federico Huneeus, Yasutaka Koike-Mori y Antonio Martner, documento que concluye que este desempeño responde a dos factores centrales: los débiles avances tecnológicos a nivel de empresa y la escasa reasignación de recursos entre firmas —es decir, la falta de movilidad de factores como capital y trabajadores desde unidades ineficientes hacia aquellas más productivas e innovadoras.

El camino a seguir

Frente a este diagnóstico, García planteó que Chile debe concentrarse en cuatro ámbitos de acción: (i) mantener un proceso continuo de reforma de los permisos; (ii) crear incentivos para el crecimiento de las empresas; (iii) abordar las ineficiencias del mercado laboral, que identificó como una fuente central de mala asignación de recursos; y (iv) preservar la estabilidad macroeconómica.

Al concluir, subrayó que la productividad no responde a un elemento aislado. Las restricciones propias de los sectores intensivos en recursos naturales, la burocracia del sistema de permisos, la baja reasignación de recursos entre empresas y los escasos avances tecnológicos forman parte de un diagnóstico integral, cuyo propósito es remover las distorsiones que frenan la capacidad de la economía chilena para crecer.