25/Nov/2024
- El informe anual de Evaluación, entregado hoy por la CNEP, que corresponde a la primera edición de un reporte que se entregará cada año, tiene como objetivo sistematizar, revisar y analizar el desempeño del sistema de evaluación de políticas públicas en Chile, destacando los principales avances y desafíos en la materia.
- En esta oportunidad, además de incluir los reportes en torno a la evaluación de programas e inversiones (2023) entregados por la DIPRES (Dirección de Presupuestos del ministerio de Hacienda) y la Subsecretaria de Evaluación Social (SES) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), el análisis de la CNEP contempla otras áreas y líneas de evaluación existentes en Chile, como los Informes de Impacto Regulatorio (IIR), que acompañan a todos los proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo y decretos supremos que tienen impacto regulatorio.
- Se advierte que durante 2023, de 62 proyectos de ley mediante mensaje presidencial (afectos a IIR), un 9,7% (6 de 62) contaba con un informe finalizado y un 1,6% (1 de 62), con uno en desarrollo.
- Por su parte, se identifica que 9 informes de IIR finalizados durante 2023, acompañaron decretos. Al comparar el total de IIR finalizados con el total de decretos presentados (145), se refleja que la cobertura de este tipo de normativa alcanzó 10,3% durante el año.
- La CNEP identifica una importante diferencia de más de 50% en los costos de fármacos y dispositivos médicos usados en ciertas cirugías entre hospitales de la red. La paquetización de actividades hospitalarias, especialmente en cirugías de baja complejidad, es una estrategia con éxito comprobado internacionalmente que permite reducir estas brechas. Se basa en definir un conjunto estándar de fármacos y dispositivos médicos a utilizar en la atención, lo que ayuda a reducir costos, minimizar desechos y mejorar la planificación de compras y programación sin afectar los resultados sanitarios.
- Así como cada reporte del Informe Anual de Productividad considera un capítulo específico en torno a un tema que pudiera ser de interés y complementario, en esta oportunidad se incluye un segmento relativo a la Planificación Territorial del país, abarcando aquellas áreas y desafíos urgentes de abordar.
- Al respecto se advierte que si bien en 2018 el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (ex Consejo Nacional de Desarrollo Urbano) elaboró una propuesta concreta encaminada a avanzar hacia un sistema integrado, el país aún carece de aquello. También se indican un conjunto de desafíos en la elaboración de los Informes de Planificación territorial (IPTs), considerando que, entre otros aspectos, carecen de objetivos y visión de largo plazo.
- En relación a este tema, se describe uno de los casos más recientes (2023) ocurrido en Viña del Mar, donde luego de intensas lluvias varios edificios sufrieron daños (ruptura colector de aguas), y parte de la zona, fue declarada inhabitable. ¿Por qué́ se permitió́ la construcción de tantos edificios en una zona dunar, exponiendo así́ a las personas a significativos riesgos socio-naturales? La Dirección de Obras Municipales indicó que dichas edificaciones se habían autorizado bajo el plan regulador de la comuna, vigente desde 2002 y aprobado sin someterse a una evaluación ambiental estratégica, un proceso ahora obligatorio en la tramitación de los Informes de Planificación Territorial (IPTs).
Lunes, 25 de noviembre, 2024. Para evaluar los programas públicos existe un marco metodológico y técnico denominado Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas (SMyEP), que es administrado y supervisado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), bajo la División de Control de Gestión del Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
La dinámica en la que opera el SMyEP se articula en evaluaciones definidas en función de las etapas de “vida” de un programa, es decir, de acuerdo a ciertos criterios conceptuales, estratégicos y metodológicos, se seleccionan programas para ser evaluados en su diseño, implementación, y resultados, procesos que, usualmente en el ámbito académico y/o económico, se describen a través de los términos en latín ex ante (evaluación del diseño); ex dure (monitoreo), y ex post (evaluación resultados).
Durante 2023, los resultados de la evaluación ex ante (que considera a aquellos programas nuevos y los que han tenido cambios importantes en su diseño), indican que el 57% de los programas recibió una calificación favorable en su diseño, mientras que el 43% fue objetado por razones técnicas.
En esta etapa, además de identificar potenciales inconsistencias y/o debilidades en el diseño de un programa, el objetivo es generar las respectivas correcciones, antes de su implementación. En esa oportunidad, las principales objeciones apuntaron a deficiencias en materias como la evaluación de resultados, desafíos en cobertura y accesibilidad.
Por su parte, la evaluación ex dure o monitoreo, que es un proceso anual en el que se realiza un seguimiento al desempeño e implementación de los programas públicos, a partir de la información declarada por los ministerios y servicios respecto a la ejecución fiscal del año anterior, la SES es la encargada de monitorear los programas sociales, mientras que DIPRES, los no sociales.
El objetivo principal de esta fase es sistematizar y proporcionar información relevante y oportuna para el proceso de formulación presupuestaria de los programas en curso. El monitoreo está estrechamente relacionado con la evaluación ex ante y ex post. Por un lado, sus resultados ayudan a identificar los programas que presentan debilidades de diseño, y por otro, en definir el listado de programas candidatos a una evaluación ex post detallada.
Durante el monitoreo realizado en 2023 para el proceso de 2022, se evaluaron 700 programas (DIPRES y SES, 2023). El gasto asociado a dicha oferta programática totalizó CLP$33 billones, equivalente a aproximadamente al 13% del PIB del país, o al 40% del presupuesto fiscal de 2024.
Al analizar la evolución de la cantidad de programas monitoreados, se destaca un notable aumento en la cobertura de la evaluación de esta fase a mediados de la década de 2010. En efecto, entre 2012 y 2015 el promedio de programas evaluados alcanzaba 518, mientras que entre 2016 y 2022 este promedio aumentó a 674.
Entre los puntos levantados por la SES y DIPRES en 2022, en el ámbito del mapeo de la oferta programática, se alerta sobre grados de fragmentación (programas atienden poblaciones y/o problemas similares), especialmente en las dimensiones economía y crecimiento y educación. A la vez, se sugieren mejoras de coordinación entre programas, revisión, reformulación y/o fusión para aumentar el alcance de los programas.
Lo anterior, revela la necesidad de mejorar la coordinación, complementariedad y coherencia entre programas, para optimizar el uso de recursos públicos y maximizar el impacto de intervenciones gubernamentales.
En cuanto a los resultados por desempeño respecto de la focalización, (identificación y selección pertinente de la población considerada), se advierte que para el total de programas no- universales, el 73% no presentó deficiencias, mientras que un 23% si las tenía. En cuanto a la priorización, de los 608 programas analizados, el 59% no presentó deficiencias, mientras que un 37% si, el restante 4% no proporcionó información para evaluar este aspecto.
En eficacia (cumplimiento de los objetivos de los programas), el 79% contó con indicadores correctamente formulados para medir el cumplimiento de los objetivos del programa, un 20% presentó indicadores con deficiencia y un 1% no reporto indicadores en ese nivel. Cabe mencionar que, en comparación con los resultados de 2021, un 45% de la oferta pública mostró un aumento en los resultados de los indicadores, el 44% presentó una disminución y el 14% no mostró variaciones.
Respecto de la eficiencia, que analiza el gasto efectivo asociado a la implementación de los programas, en el 77% estimaron adecuadamente los gastos administrativos, mientras que un 21% lo hicieron incorrectamente y el 2% no declaró dicho ítem.
Dentro de los resultados de la evaluación ex post para el año 2023, que es coordinada por la DIPRES, se identifica que se finalizaron 16 evaluaciones, se advierte que dentro de aquellas que por su naturaleza se les asigna una calificación (Evaluaciones Focalizadas de Ámbito -EFA- y Evaluaciones de Programas Gubernamentales -EPG), 5 obtuvieron mal desempeño, 3 bajo, 4 medio y 1 buen desempeño.
En esta oportunidad, la evaluación sectorial se dedicó́ a los programas de “Elige Vivir Sano” (EVS), creados en 2011 e institucionalizados en 2013 bajo el nombre “Sistema Elige Vivir Sano” (SEVS). Al respecto, se precisa que el SEVS no abordó eficazmente factores estructurales e individuales de las enfermedades no transmisibles (ENT), concentrándose en pocos factores de riesgo y excluyendo aspectos críticos como el tabaquismo y el alcoholismo, además de carecer de programas para etapas tempranas de la vida.
Adicionalmente, alerta que la oferta del SEVS presenta graves descoordinaciones y suele no tener continuidad en el tiempo, además de carecer de una mirada de resultados e indicadores de mediano y largo plazo. El informe destaca que no existe evidencia de que el sistema genere valor agregado a los programas que forman parte de su oferta oficial, ya que no hay monitoreo, evaluación, retroalimentación, rediseño o movilización de recursos por parte del SEVS para fortalecer los programas de la oferta pública. Se agrega que además no cuenta con capacidades para promover complementariedades, evitar duplicidades y llenar vacíos en el abordaje de las ENT.
Cabe precisar que la etapa final de la evaluación de programas implica definir y acordar compromisos entre el servicio y la DIPRES para corregir deficiencias encontradas. En este sentido, a junio de 2023, se contabilizaron 38 programas evaluados ex post (entre 2016-2022) con compromisos vigentes. De estos, 5 egresaron del seguimiento (vale decir, cumplieron todos los compromisos acordados), 11 cumplieron todos los compromisos pendientes, pero tienen compromisos futuros, 18 cumplieron parcialmente, y 4 no cumplieron.
Impacto de evaluación de políticas públicas sigue siendo limitado
Es fundamental señalar que, aunque la evaluación de políticas públicas tiene como objetivos principales, optimizar el uso eficiente de los recursos públicos e identificar mejoras en el diseño y ejecución de las iniciativas, su impacto en la asignación presupuestaria sigue siendo limitado.
El análisis de la sección “Motivo de variación presupuestaria” revela que, de los 106 programas evaluados, solo en 9 se citó la evaluación como motivo para el ajuste presupuestario. Si bien en el resto de los casos no se cita la evaluación como la razón más importante, no quita que haya siso un insumo para el cambio presupuestario.
Desde 2022, el Informe de Finanzas Públicas, incorporó un apartado que aborda la relación entre la evaluación y modificación presupuestaria, reconociendo que es un componente de la decisión final, mas no el único
Al respecto, deltotal de 20 programas que pasaron por evaluación ex ante, se constata que mientras que aquellos con objeción técnica, registraron una variación presupuestaria promedio de -6,6%, los que obtuvieron una respuesta favorable, tuvieron una variación de 9,2%. Al mismo tiempo, de los 56 programas con observaciones en el monitoreo, promediaron una reducción de 8,3%, mientras que en los que no, tuvieron un alza de 2,6%.
En cuanto a los 6 programas que contaban con el resultado de una evaluación ex post, aquellos con mal desempeño, promediaron un ajuste de -15,3%, mientras que los que obtuvieron desempeño medio, lo incrementaron en 11,7%.
La CNEP advierte sobre la necesidad de avanzar hacia una mayor difusión de la proporción de programas que se han evaluado en su diseño y resultados, de tal forma que esto contribuya en dimensionar la magnitud de la tarea que aún resta por cubrir.
Evaluación de inversiones realizadas con fondos públicos
En otra vereda, las inversiones realizadas con fondos públicos (carreteras, puentes, hospitales, escuelas, sistemas de transporte, viviendas sociales, mejoras urbanas, de servicios de salud, entre otras) son evaluadas y controladas por el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), cuyo funcionamiento está bajo la administración conjunta de la Subsecretaria de Evaluación Social (SES) del Ministerio de Desarrollo Social Familia (MDSF), específicamente en la División de Evaluación Social de Inversiones (DESI); y la DIPRES, a cargo de la formulación y ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión.
El SNI es el sistema de evaluación más antiguo del país, (1960), que se articula a través de un conjunto estructurado de normas, procedimientos y criterios, regulando y coordinando el ciclo completo de las inversiones: desde la identificación y formulación de proyectos, pasando por su evaluación, hasta la priorización y asignación de recursos. Su objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos, garantizando que los proyectos sean socialmente rentables y estén alineados con las políticas de desarrollo del país.
Dentro del SNI, la metodología juega un papel crucial, ya que establece los parámetros para la evaluación ex ante de los proyectos, asegurando que cada iniciativa pase por un análisis riguroso que mida su viabilidad financiera y rentabilidad social antes de recibir financiamiento.
Los principales hitos en el proceso de evaluación de una inversión se centran en la evaluación ex ante, formulación y ejecución presupuestaria, y evaluación ex post.
Durante 2023, postularon al SNI un total de 6.563 iniciativas de inversión al proceso ex ante, asociadas a un costo total de USD $41.600 millones. Se observa que mientras la mayoría de las iniciativas evaluadas ex ante en 2023 (3.012), recibió́ una recomendación satisfactoria (67%), el 9% fue objetado técnicamente; el 23% reportó que faltaba información.
Las entidades formuladoras con mayor proporción de objeciones técnicas fueron los municipios (58% del total de iniciativas presentadas), cifra que en los ministerios cae a 33%.
La evaluación ex post dentro del SNI, que corresponde al análisis de los resultados obtenidos tras la finalización de la ejecución de los proyectos, comienza con una selección estratégica de los mismos. De acuerdo al momento en que se realiza la evaluación, hay de corto, mediano plazo y largo plazo.
En los que concierne al corto plazo, los cálculos promedio indican que mientras el universo de proyectos elegibles corresponde al 44% del total de los terminados, la proporción promedio de proyectos evaluados respecto a los terminados es de 19%.
Al contrastar los resultados de la ejecución de proyectos con las estimaciones iniciales, se identifican problemas en la etapa de su formulación que no fueron advertidos como riesgos al momento de la evaluación, observándose situaciones complejas en desviaciones de costos y plazos.
En términos de costos, mientras en 2021 la imprecisión alcanzó un 56% en los proyectos de
ministerios, en los municipios llegó al 49%. Respecto a lo registrado en 2020, dichas cifras se incrementaron en el caso de los ministerios y disminuyeron en municipios.
En el caso de los plazos, se registró́ una desviación de 80% para los ministerios y de 76% en municipios. Pese a que los índices de 2016 se han mantenido relativamente estables, resulta considerable la magnitud de la brecha respecto de lo formulado en primer lugar
Cabe precisar que, junto a la publicación de los datos de dicha evaluación, la autoridad incluye un informe que sintetiza los resultados, donde si bien se identifican las principales causas de las desviaciones de costos y plazos, no existe claridad respecto de qué manera éstas se vinculan con la retroalimentación con la etapa ex ante del SNI, punto relevante al considerar la persistencia mencionada anteriormente.
En cuanto a la evaluación ex post de mediano plazo en el SNI, que se realiza con el fin de analizar flujos de costos, demanda, oferta, y cumplimiento de objetivos de los proyectos en operación, durante 2023 seanalizaron las Redes Regionales de Salud de Antofagasta y Magallanes, en específico la capacidad y desempeño de 11 proyectos existentes.
Al respecto y de acuerdo a resultados preliminares del estudio aún en curso realizado por el SNI, se identifican brechas de atención en salud frente a la demanda estimada y contrastes de indicadores ex ante y ex post en dichas regiones. Parte del análisis indica que (i) existe aislamiento y distancia significativos de poblaciones con sus centros de salud (ii) falta de equipos médicos para realizar exámenes preventivos, (iii) fragmentación del sistema de redes integrado (nivel primario, secundario y terciario), (iv) dificultades en coordinación y gestión informática, (vi) extensos plazos de ejecución, (vii) desajustes entre la estimación de demanda y ejecución de infraestructura, (viii) escasez crítica de especialistas, entre otros aspectos.
Frente a estos hallazgos, la evaluación propone un conjunto de medidas para mejorar las deficiencias identificadas. Entre ellas: implementación de sistemas informatizados al interior de las unidades hospitalarias, contar con un CESFAM dentro de los hospitales, realizar estimación de la demanda considerando el comportamiento epidemiológico de la población. Al mismo tiempo, y a nivel de unidades hospitalarias, se recomienda aumentar la capacidad resolutiva de centros de baja complejidad, incrementar la inversión en infraestructura, en especial para unidades hospitalarias, entre otras.
Cabe destacar que durante 2023, se materializaron diversos cambios en las normas, instrucciones, procedimientos y herramientas metodológicas del SNI, orientadas a fortalecer su labor y con ello la evaluación de la inversión pública en Chile.
La CNEP advierte que es necesario estudiar los criterios de inclusión que enfrenta hoy la inversión pública; dar continuidad al trabajo en torno al principio de proporcionalidad para la evaluación; analizar el funcionamiento y pertinencia de los criterios de selección de los proyectos que serán evaluados y su relación con el nivel de cobertura de la evaluación ex post; incrementar la capacidad de mejora continua del sistema.
Baja cobertura de Informes de Impacto Regulatorio (IIR)
Si bien el ámbito regulatorio en Chile no posee un sistema de evaluación consolidado como el de programas e inversiones públicas descrito anteriormente, en los últimos años han surgido distintos instrumentos que, de manera independiente, inciden en la evaluación de este tipo de políticas públicas como los Informes de Impacto Regulatorio (IIR) y evaluaciones ex post realizadas por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Como mecanismo que analiza los impactos de una nueva regulación, el 2019 se implementaron los Informes de Impacto Regulatorio (IIR) a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (MINECON) y del Ministerio Secretaria General de la Presidencia (SEGPRES), para todos los proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo y decretos supremos que dicte el presidente de la República o un ministro “por orden del presidente de la República”, deben contar con un IIR
El informe sigue el principio de la proporcionalidad, es decir, la profundidad del análisis depende del impacto estimado del cambio regulatorio. Así, los IIR pueden contener hasta tres secciones: Evaluación Preliminar (EP), Informe de Impacto Regulatorio Estándar (IIR-E) e Informe de Impacto Regulatorio de Alto Impacto (IIR-AI).
Cabe indicar que los IIR presentados en esta primera versión del Informe Anual de Evaluación de la CNEP, si bien fueron elaborados en 2023, pueden corresponder a mensajes presidenciales de PdLs ingresados en años previos.
De esta manera, se identifica que 7 de los 17 IIR corresponden a PdLs de 2023, de los cuales 6 están finalizados y 1 se encuentra en desarrollo.
A su vez, durante 2023, se enviaron 62 proyectos de ley mediante mensaje presidencial (afectos a IIR). Se advierte que un 9,7% (6 de 62) cuenta con un informe finalizado y un 1,6% (1 de 62), con uno que aun está en desarrollo.
Por su parte, para el 2023 se identifica que los informes de IIR finalizados que acompañaron decretos, totalizaron 9, de los cuales 7 fueron preliminares y 2 Estándar. Al comparar el total de IIR finalizados con el total de decretos presentados (145), se refleja que la cobertura de este tipo de normativa sólo alcanzó 10,3% durante el año.
La CNEP resalta que una mayor difusión de los informes y sus resultados no solo fortalecería la transparencia en los procesos, sino que también permitiría una cultura de evaluación más sólida. Esfuerzos en esa dirección, podrían contribuir a en generar mayor compromiso y comprensión del impacto de las políticas evaluadas, potenciando la toma de decisiones basada en evidencia.
Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)
En este reporte anual también se incluyen los temas en torno a la evaluación que ha realizado la CNEP, que si bien es un actor dentro del sistema de evaluación en Chile, los informes que genera no se “encapsulan” dentro de uno de los sistemas anteriormente mencionados, ya que dependiendo del mandato que reciba, se estudian programas, inversiones y/o regulaciones.
Durante 2023, la CNEP finalizó el estudio de “Análisis Permisos Sectoriales Prioritarios Para Invertir”, la que constituye una evaluación regulatoria, enfocada en la eficiencia del funcionamiento de este tipo de normativa.
La investigación que abarca un periodo entre 2018 y 2022 e identificó 439 trámites que afectan el proceso de inversión, se enfocó en aquellos que podrían convertirse en barrera. Al respecto existen 71 entidades responsables de entregar 309 permisos para que un proyecto se transforme en una inversión, de los cuales 63 (foco del estudio) son de carácter crítico, ya que pueden paralizar una inversión.
El análisis advirtió que el sistema de permisos vigente en Chile tenía altos grados de ineficiencia (el estado tarda demasiado en responder), inestabilidad (una autorización para invertir puede ser desautorizada por otra institución del Estado) e impredecibilidad (las exigencias para aprobar un permiso varían sin criterios conocidos entre instituciones y en el tiempo).
El principal hallazgo fue que los permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión en Chile componían un conjunto heterogéneo, cuyo comportamiento está estrechamente relacionado con su nivel de complejidad.
Entre las recomendaciones propuestas se encuentran: establecimiento de un modelo de gobernanza habilitante, que incremente los niveles de transparencia y que permita instancias de definición del alcance de los permisos; utilización de mecanismos de traspasos de costos a los usuarios; mayor digitalización, hacer más expedito el proceso de otorgamiento de permisos del Consejo de Monumentos Nacionales, entre otras.
Cabe precisar que una de las medidas incluidas en la discusión parlamentaria es avanzar en una modificación integral al sistema de permisos, tomando en consideración el diagnóstico realizado por la CNEP.
Desafíos pendientes en torno a la Planificación territorial
El interés en el país por el impacto de los instrumentos de planificación territorial (IPTs) en zonas urbanas o en áreas con asentamientos humanos está en aumento. Un caso reciente que ilustra las consecuencias de estas políticas es el llamado “caso socavón”, que ocurrió en invierno de 2023, en la comuna de Viña del Mar, donde varios edificios sufrieron daños debido a la ruptura de un colector de aguas, exacerbado por intensas lluvias.
La falla del colector resultó en un peligro inminente para los residentes de los edificios cercanos, lo que llevó a las autoridades municipales a declarar algunas estructuras como inhabitables y proceder al desalojo de los habitantes. Surgió́ una interrogante crucial: ¿Por qué se permitió́ la construcción de tantos edificios en una zona dunar, exponiendo así a las personas a significativos riesgos socio-naturales? La Dirección de Obras Municipales indicó que dichas edificaciones se habían autorizado bajo el plan regulador de la comuna, vigente desde 2002 y aprobado sin someterse a una evaluación ambiental estratégica, un proceso ahora obligatorio en la tramitación de los IPTs.
En Chile, los IPTs son documentos esencialmente regulatorios que establecen normas vinculantes para ordenar y regular el uso del suelo, especialmente en las ciudades o zonas habitadas. Si bien su elaboración está rigurosamente regulada por la legislación vigente., existe un consenso casi unánime que tanto su elaboración como modificación son procesos arduos y lentos. Datos revelados recientemente por el MINVU indican que en promedio, la elaboración de un Plan Regulador Comunal toma cerca de 6 años e incluso 10.
Mientras los Planes Reguladores Comunales y Seccionales son elaborados por las Municipalidades, los intercomunales están a cargo de la Seremi del MINVU y su implementación por parte del Gobierno Regional.
Aunque la legislación señala que toda comuna o área intercomunal debe tener su propio IPT, actualmente no todos los territorios cuentan con uno vigente o actualizado. Al respecto se identificó que solo 54 (13% de los IPT comunales a nivel nacional) están vigentes desde hace menos de 10 años (lo que corresponde al 21% de las comunas del país). El resto de las comunas no cuentan con un PRC o tiene uno desactualizado. Actualmente, se están generando 148 modificaciones a IPTs de escala comunal y elaborando 42 nuevos instrumentos.
En Chile no existe un sistema de planificación integrado
El análisis de la CNEP indica que a los IPTs en Chile presentan un carácter excesivamente regulatorio, careciendo de objetivos claros, visión de largo plazo, lo que dificulta su evaluacióń. Esto se debe a que en Chile no existe un sistema de planificación integrado. Al respecto, cabe precisar que en 2018 el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (ex Consejo Nacional de Desarrollo Urbano) elaboró una propuesta concreta encaminada a avanzar hacia un sistema integrado.
Un sistema de esas características facilitaría la evaluación de los IPTs, ya que sería más claro identificar los parámetros con los cuales evaluar la regulación.
La CNEP indagó en experiencias de otros países donde se indica por ejemplo que Colombia, siguiendo la línea recién mencionada, cuenta con instrumentos que deben hacerse cargo no solo de la planificación territorial del lugar, sino de muchos aspectos como los objetivos de largo plazo de la comunidad, desarrollo de zonas rurales, protección del medio ambiente, prevención de riesgo de desastres, vivienda, transporte, entre otros.
De esa forma, la CNEP precisa en su informe que para que los PRC de verdad se vuelvan un instrumento robusto, existen dos opciones: generar planes integrados, que contengan un los elementos de desarrollo, planificación urbana y gestión; y por otro, mantener los tres como instrumentos diferentes, pero de manera vinculada.
Otras falencias identificadas se refieren a la falta de coordinación entre los distintos niveles de planificación, ausencia de estándares claros, lo que dificulta la evaluación, que también se ve afectada por la complejidad y los costos asociados a la generación de nuevos planes reguladores.
Por otra parte, se menciona que la falta de estandarización en la publicación de los documentos de los IPTs dificulta su comprensión y evaluación, lo que se traduce en un acceso limitado con contenidos dispares .
Para abordar estos y otros desafíos, la CNEP propone un conjunto de recomendaciones que si bien algunas requieren modificaciones estructurales a la legislación urbanística, otras podrían implementarse sin modificaciones al marco legal vigente.
Entre las que no requieren cambios a la normativa, se recomienda establecer incentivos y mecanismos de reporte para que los IPTs se elaboren y actualicen en coordinación más directa con los otros tipos de planes de ordenamiento territorial existentes; exigir a los gobiernos regionales y locales metas cuantificables en sus procesos de elaboración de IPTs, establecer administrativamente deberes de monitoreo y reporte a los órganos encargados de elaborar estos instrumentos, además de realizar alianzas con la academia y con ello desarrollar ese tipo de estudios con metodologías rigurosas, conclusiones independientes y objetivas sobre el impacto de estos instrumentos.
Por otra parte, las propuestas que requieren modificaciones estructurales del marco jurídico vigente involucran avanzar hacia un sistema de planificación integrada, en línea con las propuestas del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, definir jerarquías y coordinaciones más claras entre los IPTs y el resto de los mecanismos de planificación territorial existentes, además de definir en la legislación vigente instancias de evaluación y deberes de reporte y monitoreo del funcionamiento de los IPTs.
La CNEP concluye en esta primera versión del Informe Anual de Evaluación, que es crucial continuar mejorando la sistematización de la información en todos los ámbitos abordados para optimizar los procesos de retroalimentación.