Lunes, 4 de mayo, 2026. El reciente trabajo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), que en esta primera parte, al identificar los principales desafíos que enfrenta el Estado en torno a la evaluación sistemática de las leyes una vez implementadas,  advierte que Chile carece de herramientas institucionalizadas en la materia, respecto de las cuales es prioritario avanzar.

En este sentido, la entidad detalla que, pese a la magnitud del conjunto de regulaciones que componen el ordenamiento jurídico de Chile —cerca de 400.000 normas accesibles en la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), principal fuente de información normativa—, el país no cuenta con un sistema que permita evaluar de manera sistemática cómo funcionan las leyes una vez implementadas, ni con un catastro que identifique con claridad cuántas y cuáles se encuentran vigentes.

La CNEP precisa que este escenario no solo impide saber si las normas cumplen sus objetivos, sino que limita la capacidad del Estado para aprender de su propia experiencia. Bajo el modelo vigente, las regulaciones suelen operar de manera aislada, lo que facilita la coexistencia de normas que se superponen, se contradicen o pierden vigencia sin ser revisadas. Al respecto el presidente de la CNEP, Pablo García, subrayó “que esta acumulación erosiona la certeza jurídica, compromete la calidad de las políticas públicas y obstaculiza el uso eficiente de los recursos estatales. El hecho de  desconocer el desempeño real de las leyes tiene consecuencias directas que dañan la productividad y limitan el desarrollo económico y social del país”, indicó.

Esta situación se da en un contexto de crecimiento sostenido del sistema normativo, que incorpora miles de nuevas leyes, decretos y otras disposiciones cada año, mientras que la evaluación ex post de las regulaciones se realiza de manera fragmentada entre distintos servicios, con instrumentos que responden a criterios, metodologías y alcances diversos, sin un enfoque común que permita comparar resultados o generar aprendizaje a nivel del Estado.

Algunos de los mecanismos vigentes corresponden a la revisión que realiza el Congreso —a través del Departamento de Evaluación de la Ley— sobre la eficacia de leyes seleccionadas, pero con un alcance limitado: desde su creación ha evaluado solo 13 leyes, la última en 2020, frente a un universo de más de 400.000 normas. A ello se suman estudios regulatorios desarrollados por la CNEP en sectores específicos, que si bien han permitido identificar brechas y oportunidades de mejora, responden a solicitudes puntuales, que no alcanzan a conformar una evaluación estratégica y sistemática para evaluar el funcionamiento de las regulaciones.

Cabe precisar que en contraste con el rezago que presenta la evaluación de regulaciones, Chile ha desarrollado una institucionalidad más robusta para evaluar planes, programas e inversiones tanto en su etapa anterior como posterior a la implementación. Este avance se expresa en el sistema de monitoreo y evaluación que administran conjuntamente la DIPRES y el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollado desde los años 90, que revisa el desempeño de los programas públicos y establece compromisos de mejora. Por otra parte, el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), vigente desde los años 80, regula el ciclo de los proyectos de inversión e incorpora evaluaciones una vez finalizadas las obras.

Un ciclo regulatorio incompleto

El diagnóstico revela que el sistema regulatorio chileno opera con una desconexión profunda entre el diseño de las leyes y su revisión posterior. En este contexto, se precisa que la evaluación de las regulaciones una vez implementadas (ex post) no puede realizarse de manera independiente de la etapa previa (ex ante), ya que sus resultados dependen directamente de los objetivos definidos en su diseño.

En este marco, los Informes de Impacto Regulatorio (IIR), que constituyen el principal instrumento de evaluación ex ante en Chile, ha avanzado de manera importante, pero aún no se han consolidado como una herramienta que permita contrastar de manera sistemática los efectos previstos de una norma con sus resultados en la práctica.

Esto se explica, entre otros factores, porque su cumplimiento es bajo: en promedio, de los los proyectos de ley y decretos que requieren un IIR,  un 21% de los primeros y un 5% de los segundos, cuenta con dicho análisis. Por otra parte, los mecanismos que permiten vincular los efectos esperados y definidos en los IIR con la evaluación posterior de las normas, se encuentran aún en una etapa inicial de implementación.

Esta baja cobertura, sumada a la falta de una vinculación metódica entre las etapas, mantiene el ciclo de mejora regulatoria incompleto. Sin este hilo conductor, el Estado permanece en una situación de ceguera frente a un acervo de más de 400.000 normas, siendo incapaz de determinar si una regulación debe ser mantenida, modificada o eliminada basándose en evidencia real y no solo en supuestos iniciales.

Chile frente a comparación internacional

A nivel internacional, la evaluación regulatoria ha avanzado de manera desigual entre sus distintas etapas. Según evidencia recopilada por la OCDE, más del 90 % de los países miembros cuenta con sistemas obligatorios de evaluación de regulaciones ex ante. Sin embargo, este desarrollo no se replica en la evaluación posterior: solo entre un 30 % y un 40 % de los países ha logrado establecer evaluaciones ex post de carácter sistemático y obligatorio, lo que evidencia una brecha relevante en el cierre del ciclo regulatorio.

En este contexto, el rezago de Chile es doble. Por una parte, si bien el país ha incorporado la evaluación ex ante mediante los Informes de Impacto Regulatorio (IIR), su nivel de cumplimiento debe aumentar. Por otra, no cuenta con un sistema estructurado de evaluación ex post, sino con iniciativas aisladas y sin un marco metodológico común, lo que lo sitúa por debajo incluso del estándar parcial que han alcanzado otros países.

La experiencia internacional muestra que los países que han avanzado en esta materia —como Australia o la Unión Europea— no solo cuentan con evaluaciones ex ante obligatorias, sino que han desarrollado mecanismos formales de revisión posterior, con plazos definidos, criterios estandarizados y exigencias institucionales claras para evaluar si las regulaciones cumplen sus objetivos en la práctica. En contraste, en Chile la evaluación ex post no forma parte del funcionamiento regular del sistema regulatorio, lo que impide verificar resultados, corregir desviaciones y ajustar normas de manera sistemática.

La guía del 8 de mayo: definir cómo evaluar, la condición para que el sistema funcione

El secretario ejecutivo de la CNEP, Rodrigo Krell, precisó que si bien es prioritario avanzar en los desafíos identificados;  “para consolidar una práctica sistémica de evaluación de las leyes una vez implementadas, es necesario abordar una limitación basal: la ausencia de directrices metodológicas que entreguen establezcan elementos en común a la hora de evaluar”, afirmó.

Al respecto, anunció que para hacer frente a esta necesidad, el próximo viernes 8 de mayo, la CNEP entregará al gobierno de Chile la segunda parte de este trabajo. Se trata un instrumento técnico, que establece un marco común de análisis para que los distintos organismos del Estado evalúen regulaciones bajo criterios compartidos. En concreto, define qué preguntas deben formularse, qué información utilizar y cómo estructurar el proceso. Este marco no es rígido, sino adaptable al tipo de regulación, su impacto y la información disponible, permitiendo ajustar el nivel de profundidad según cada caso. Con ello, busca avanzar hacia evaluaciones comparables, consistentes y basadas en evidencia en todo el sector público.

Subrayó que un aspecto relevante de este instrumento es que fortalece el vínculo con la etapa de diseño (ex ante). En este sentido, explicó que utiliza como punto de partida los objetivos, supuestos e impactos esperados definidos al crear la norma —cuando esa información existe— y, cuando no está disponible, orienta su reconstrucción como parte del análisis. En síntesis,  busca que la evaluación posterior (ex post) “dialogue” con el diseño inicial de la ley (ex ante), y con ello el Estado pueda avanzar hacia un sistema que no solo regula, sino que también es capaz de revisar y aprender de sus propias regulaciones.

Cabe agregar que además la Guía establece parámetros para analizar si una norma sigue siendo necesaria (pertinencia), si cumple los objetivos para los cuales fue creada (eficacia), si lo hace utilizando adecuadamente los recursos (eficiencia) y si se articula de manera consistente con otras regulaciones (coherencia). Asimismo, propone una metodología estructurada en etapas y herramientas de medición.

En términos operativos, está diseñada para ser utilizada por ministerios, servicios públicos y equipos técnicos del Estado que participan en el diseño, implementación o revisión de regulaciones. Su valor es que permite que distintas instituciones trabajen bajo una lógica compartida, haciendo que las evaluaciones sean comparables, trazables y replicables en el tiempo, algo que hoy no ocurre.

En un sistema donde hoy la evaluación es esporádica, no sistemática y fragmentada, este marco metodológico permite, por primera vez, ordenar una práctica que hasta ahora ha dependido de esfuerzos aislados.