07/Jun/2016
Un cambio institucional de primer orden
En su discurso del 21 de mayo la Presidenta de la República, anunció que, siguiendo una recomendación de la Comisión Nacional de Productividad, instruirá para que todas las leyes que sean iniciativa del Ejecutivo, incluyan una evaluación de su impacto en productividad. Esta propuesta no es una medida más, sino una transformación institucional de primer orden.
Tal estimación implica una consciencia, desde el primer día, del posible impacto que tenderá a mejorar el diseño de una ley. Además invita a que se haga seguimiento para ver si se cumplió o no lo contemplado en la estimación.
De ahí que es un avance institucional de peso. Va en la dirección de la recomendación de la OCDE —donde además hoy Chile preside el Comité de Ministros e instaló precisamente el tema de la Productividad para la Inclusión—, de revisar el impacto de todo el sistema regulatorio, tanto las regulaciones existentes como las nuevas.
Por cierto, no es que se vete un proyecto porque no mejora la productividad, Otras consideraciones pueden primar, como por ejemplo, mejorar las pensiones solidarias para entregar una vejez digna, lo cual se justifica, pese a que no mejora la productividad.
Respecto de cómo materializarlo, lo más práctico es que la estimación del impacto en productividad la haga el ministerio que origine el proyecto, pues la preocupación por la productividad debe ser de todos los ministerios y no sólo de Hacienda o Economía. Idealmente tal estimación debería ser validada por algún organismo externo al ministerio que origina la ley.
Sin lugar a duda esta propuesta fue la más importante de las 21 recomendaciones que hicimos a la Presidenta en nuestro primer informe. Nos alienta el ver que nuestro trabajo no ha quedado en la estantería.
Fuente: La Segunda, 4 de junio de 2016